TIJUANA, B.C.,  15 DE JULIO DE 2017.-  Las Dirección de Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), trabaja de la mano muy estrechamente con organismos sociales y de la sociedad civil, para fortalecer la atención que se le da al menor de 18 años que se ve inmiscuido en asuntos de carácter penal y delincuencia.
 
Lo anterior lo manifestó la directora de la unidad, Laura Ivette Rivera Lazcano, quien dijo que como muestra es el apoyo que han recibido de parte del Instituto Estatal de Psiquiatría de Baja California (IEPBC), en la atención, psicológica y psiquiátrica para los menores, que requieren el apoyo médico y emocional.. De igual forma se trabaja con el núcleo familiar con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
 
Reconoció que uno de los principales factores que hacen que el menor cometa delitos inicia con la falta de supervisión de los padres, por ello es importante, dijo, que el núcleo familia se refuerce, y se inicie supervisando qué hacen en Internet, y quiénes son sus amistades, (ya que en algunos casos un adulto es el que instiga al menor a delinquir), para que se pueda actuar a tiempo.
 
La directora Rivera Lazcano mencionó que desde la entrada en vigor de la Nueva Ley Nacional de Justicia para Adolescentes el 18 de junio de 2016, el Ministerio Público tiene el compromiso de darle seguimiento puntual a los casos de los menores hasta que exista una determinación judicial, y se ejecute el procedimiento asignado.
 
Explicó que derivado de eso y del interés por parte de la Institución, se ha capacitado y equipado, tanto en recursos humanos, como en materiales, a la Policía Ministerial y al Ministerio Público,  para que se continúe con la atención a la problemática delincuencia en los adolescentes.
 
La Directora de Justicia para Adolescentes recordó que en esta materia existen tres grupos etarios en las que se señala la pena máxima independientemente de los delitos que se cometan, que es el primario que va de los 10 a los 12 años, y en donde no se puede privar de la libertad al menor que comete el delito, luego el secundario de 14 a 16 años, donde la pena máxima es de 3 años y el terciario de 16 a 18 años, en donde la máxima es de 5 años.
 
Asimismo dijo que los delitos en donde con mas frecuencia se ven involucrados los menores son daño en propiedad ajena, robos, lesiones, y delitos de índole sexual.
 
Finalmente explicó que aunque en varios delitos la pena privativa no existe, si se aplican otras medidas como tratamiento psicológico, arraigo domiciliario, obligación de trabajar y estudiar, y otras que considere el juez que puedan convertir al adolescente en una mejor persona.